En 2010 el Estado silenciosamente modificó la Constitución que prohíbe ser modificada, dictando la deuda del estado como prioridad absoluta. Después de convertir en deuda pública las pérdidas de bancos privados, nos endeudó con 100.000 millones de euros para “regalárselo” a las entidades financieras. Con la excusa de esta deuda odiosa, nos han saqueado nuestros derechos sociales privatizando los servicios públicos y los recursos comunes. Nada tiene que ver con la voluntad de disminuir el déficit público: las especulaciones financieras siguen sin pagar impuestos y la privatización de la sanidad en Madrid costará 118 millones de euros más cada año. Rodrigo Rato como Ministro de Economía nos expolió 40 empresas públicas privatizándolas, en las que ahora él y sus amigos se han colocado como asesores. Cuando el barco naufrague, ellos navegaran con su yate.

Aquí quien ha vivido por encima de sus posibilidades han sido los bancos, que cuando se agotaron los depósitos de sus clientes empezaron a endeudarse con sus socios europeos para seguir especulando en el negocio inmobiliario. La burbuja explotó, más de 400.000 familias españolas han sido desahuciadas y los altos directivos financieros premiados con indemnizaciones millonarias. La complicidad de los políticos también permite que las familias desahuciadas queden condenadas a la exclusión, en muchos casos, por el resto de su vida; teniendo que pagar al banco, la deuda de una casa, que el banco ya les ha quitado. Aquí, 1 x 1 no son 1, son 2, el banco se queda con la casa y a través de la deuda la vuelve a cobrar.

Alfon, un joven vallecano de 21 años, fue detenido durante la huelga del 14N reteniéndolo en una celda de aislamiento durante 56 días, sin ningún delito cometido. Carromero, militante del PP, condenado a 4 años de prisión por matar a dos personas en un accidente de tráfico cuando conducía con el carnet retirado y con 42 multas acumuladas, está libre y a punto de reincorporarse a trabajar como asesor del Ayuntamiento de Madrid cobrando 50.474 euros anuales. En este país han dinamitado la división de poderes que caracteriza un Estado de Derecho: a los banqueros responsables de la crisis los indemnizamos, a los defraudadores fiscales les amnistiamos, a los políticos corruptos le cedemos la gestión de sus saqueos públicos y a los Mossos torturadores los indultamos. Esta es la justicia que quieren para nuestro Estado de “Derecho”.

Esther hoy, solo tiene un ojo. Los Mossos de Escuadra la mutilaron con una pelota de goma de las que disparan sus armas de fuego para dispersar a los manifestantes. La Huelga es un derecho constitucional, pero en España quien participa de este derecho es criminalizado. Es cuestión de ideología eso de asimilar la disidencia con la delincuencia. Lejos de nuestra vista, dentro de los intramuros de las cárceles a los presos en régimen FIES-1, la Institución les aplica tortura psicológica en nombre de la “reinserción”. Psiquiátricos clínicos consideran este reglamento como medidas de tortura que conllevan un largo proceso de despersonalización, donde la condición de ser pensante termina torturándote. Casualmente en el FIES-1 están los presos denominados “inadaptados”, que en muchos casos son los presos que reclaman sus derechos, los presos politizados. Tanto en la calle como en las cárceles, aterrorizar a la población es un método eficaz para disuadirla de su participación política.

El Rey de España cuando va a cazar elefantes debe aplicar un criterio de raza para decidir cuál será su presa, si está en peligro de extinción más valor tendrá colgar los cuernos en su salón. Algo parecido aplican algunos agentes de las fuerzas del orden: con un criterio étnico, asaltan nuestros barrios para identificar a sus presas. No tener los “papeles” en regla es una falta administrativa, no un delito penal (art. 53.1.a). La autoridad infringe la ley y encarcela en los Centros de Internamiento de Extranjeros (solo a los pobres, claro). Si no se mueren en este proceso, como ha pasado ya con varios compañeros, expulsión al destino de origen. Si vuelven a intentar cruzar que tengan cuidado de no quedarse en la fosa común del Estrecho de Gibraltar. Y, por si eso fuera poco, siguiendo las medidas que aplicaron los nazis con los judíos antes de la guerra, el Ministerio llamado “de Justicia” quiere castigar con 2 años de cárcel al español que se atreva a mostrar, a los inmigrantes, su solidaridad (artículo 318 bis).

Núria Güell:// Analizo la ética practicada por las Instituciones que nos gobiernan detectando los abusos de poder cometidos por la “legalidad” establecida y la moralidad hegemónica. Ambas funcionan como estrategias de control que dominan la subjetividad colectiva e inciden en nuestros esquemas de conducta, de pensamiento y de sentido. A través de los proyectos me interesa evidenciar estas estrategias y generar nuevas, con el objetivo de transgredir o poner en crisis las establecidas. >> Núria Güell expone acutalmente en ADN Galería >> Enric Granados, 49